VERIFICACIONES

El miércoles 19 de octubre y mediante un comunicado oficial el alcalde de la Municipalidad Distrital de San Isidro informaba a la población peruana que la Constitución y la ley lo facultaba para declarar al presidente Castillo como “Persona no Grata” para su distrito. Además, exhortó al Congreso de la República que lo saque del cargo.

Esta no es la primera vez que el alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres Viñas, declara a una persona como “no grata”. En junio de este año también sacó una resolución en el que declaraba con este apelativo a la congresista Nieves Esmeralda Limachi Quispe, porque su iniciativa legislativa de cambiar la bandera nacional habría “dañado la dignidad de los peruanos”.

Además, el mismo Congreso de la República, a través de su Comisión de Relaciones Exteriores declaró el año pasado al ex presidente boliviano, Evo Morales, como una persona no grata. 

¿Quién es una persona no grata? 

Según la Real Academia Española, una “persona non grata” hace referencia a una persona que es indeseable por una institución y un gobierno. 

Por otro lado, según el derecho internacional (Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas) este tipo de declaratorias administrativas, son simbólicas, y se usa principalmente en relaciones diplomáticas de gobierno a gobierno con la finalidad de hacer saber a la contraparte, que su funcionario de confianza debe retirarse de su territorio. 

¿Tiene algún asidero legal esta declaratoria? 

En una entrevista concedida para PerúCheck, el abogado Dennis Llamocca señaló que este tipo de declaratorias no tienen marco legal y tampoco afectación jurídica, sino más bien fines políticos. Indicó que es parte de la libertad de expresión siempre y cuando esté fundamentado. Caso contrario la otra parte podría tomar acciones legales.

Así mismo indicó que usualmente cuando un distrito declara a alguien como persona no grata es porque hubo un acuerdo de consejo, y no una decisión unilateral. Tal es el caso del Consejo Distrital de San Juan de Lurigancho, cuando en el 2013 publicó en el Diario el Peruano el Acuerdo de Concejo N°010 en el que se consignaba como persona no grata a la ex alcaldesa de Lima Metropolitana, Susana Villarán, porque dijo que las reformas del transporte en la Av. Abancay iban a beneficiar más a las señoras de este distrito que viajaban hasta La Molina a “lavar”.