Es impreciso que miembros de comunidades indígenas corten el oleoducto norperuano, como dijo Aníbal Torres

El presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres acusó a comuneros indígenas de cortar el Oleoducto Norperuano (ONP), operado por la estatal Petroperú, y provocar los derrames de petróleo que afectan a la Amazonía peruana. Luego de revisar informes sobre las causas de los vertidos de crudo, PerúCheck concluye que lo dicho por el jefe de Gabinete es impreciso, pues no existe evidencia que demuestre o asegure la participación de miembros de las comunidades indígenas en estos atentados ambientales.

En una conferencia de prensa el 12 de octubre, realizada tras una nueva sesión del Consejo de Ministros, Torres Vásquez dijo textualmente lo siguiente: “De manera que no vamos a permitir, como ha sucedido con el oleoducto, que ciertos miembros de algunas comunidades corten el oleoducto y después vengan los reclamos para subsanar ese corte y […] por supuesto, limpiar las aguas. O sea, ah, corto el tubo y subsanan el tubo. ¡No! Eso va a tener que acabar y va a tener que acabar conforme al derecho. Ahora, en el Consejo de Ministros hemos acordado que así debe ser”.

Sin embargo, lo asegurado por el presidente de la PCM es impreciso.

El informe La sombra de los hidrocarburos, publicado en febrero pasado, revela —con datos oficiales del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin)— que el porcentaje de derrames en el oleoducto norperuano por falla operativa (33,01%) y por corrosión (22,33%) representan el 55,31%. Es decir, 24,24 puntos porcentuales más que las fugas ocasionadas por terceros (31,27%), ya sea por corte o robos.

No obstante, al observar la gráfica (ubicada más abajo) que muestra el porcentaje de barriles derramados en el ONP, según qué lo provocó, se deduce que los derrames por “ataques de terceros” han sido de mayor magnitud. Esto significa que la cantidad de barriles vertidos por esta causa (68,18%) es poco más del doble que los barriles derramados por fallas operativas y corrosión (30,39%).

El volumen de los barriles derramados por fallas operativas es casi nulo (1,23%) y en el caso del crudo vertido por corrosión representa poco menos de la tercera parte.

Al respecto, la publicación (que reúne información referidos a daños en las actividades de hidrocarburo en el país desde 1997 hasta el año 2021) indica que es probable que estos reducidos porcentajes se deban a que la mayoría de derrames ha ocurrido en las estaciones del ONP, lo cual facilita una rápida intervención y contención de éstos.

La notable diferencia con la cantidad de crudo que se vierte durante los derrames a causa de cortes en el ducto, que normalmente suceden lejos de estas zonas industriales u operativas fue analizado en “La sombra del petróleo. Informe de los derrames petroleros en la Amazonía peruana entre el 2000 y el 2019”.

En primer lugar, este documento aclara que “hablar de derrames por terceros no puede ser equiparado a decir derrames causados por las comunidades indígenas, aún cuando esta es la lectura mediática y la que guía las acciones de Petroperú y de algunas instituciones estatales".

Según el informe, que cita a otro elaborado en 2017 por la Comisión Multipartidaria del Congreso de la República, la evidencia muestra que estos sujetos llamados “terceros” estarían vinculados con las empresas remediadoras, que son aquellas que procuran reparar el daño en el ambiente y remueven elementos contaminantes.

En ese entonces, la comisión encontró una serie de irregularidades en la contratación de empresas remediadoras, por lo que denunció posibles casos de colusión entre Petroperú y estas compañías, que dan cuenta de los grandes intereses económicos que pueden haber detrás de los derrames petroleros.

Asimismo, identificó algunas de estas prácticas irregulares: abuso de contrataciones directas, contratación de empresas sin experiencia en remediación y sin capital (algunas creadas unos pocos meses antes, o incluso días, de firmar contratos millonarios), contratación de empresas de compañeros de clase de funcionarios de Petroperú, sobrevaloración de costos en la remediación, entre otros.

El OEFA, por su parte, compartió a este medio una imagen con el número de derrames en el oleoducto del 2011 a setiembre de 2022. En el Tramo II y en Ramal Norte el desastre ambiental ocurrió en su mayoría por responsabilidad de Petroperú.

“La sombra de los hidrocarburos” y “La sombra del petróleo” fueron elaborados por el Subgrupo sobre Derrames Petroleros, del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Estigmatización a las comunidades indígenas

Los pueblos indígenas a menudo son señalados y acusados de sabotear el oleoducto como un medio para recaudar dinero de compensación o para obtener trabajo remunerado en actividades de remediación o, incluso, para robar el petróleo.

Este argumento suele ser recogido por Petroperú y una parte de la prensa local y nacional, como estrategia para desacreditar las demandas de justicia del movimiento indígena”. De este modo, la criminalización de dirigentes indígenas y su estigmatización mediática como “chantajistas” y “saboteadores” responden a otros intereses y lógicas más que por una presunta responsabilidad sobre los derrames, sostiene el informe.

En el año del informe, el 2017, la comisión del Congreso concluyó que las empresas remediadoras podrían haber tenido suficientes incentivos económicos para participar directa o indirectamente en los cortes del ONP entre los años 2014 y 2015, “toda vez que al aumentar su frecuencia, sus posibilidades de generar ganancias se incrementaron exponencialmente”.

En comunicación con PerúCheck, Gladis Vila, fundadora y ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), opinó que la afirmación de Aníbal Torres es "desatinado" y explicó que para las comunidades indígenas amazónicas y andinas "son los defensores del medioambiente", porque es éste el que les da los alimentos, son su espacio de interacción, donde crecen sus familias.

"Mi solidaridad inmensa con las hermanas y los hermanos de la amazonia peruana. Lo que indicó [Torres Vásquez] sobre el oleoducto, para nosotros es una ofensa porque no conoce la realidad. Me gustaría que él pueda visitar a las comunidades afectadas por tantos derrames y vea cuáles son los efectos. [...] Los pueblos indígenas, tanto en los Andes como en la Amazonía, somos los defensores del medioambiente, [...] pero no tenemos un espacio de diálogo con el Estado", manifestó.

Para Teresita Antazú, del Programa Mujer Indígena de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), lamentó lo dicho por Aníbal Torres y pidió que el jefe de Gabinete se retracte, además de apoyar a que las familias afectadas por los últimos derrames en la región Loreto sean indemnizadas. La líder yanesha aseguró que “el oleoducto siempre ha sido y sigue siendo una construcción extraña” en sus bosques y territorios, por lo que no tienen relación con esa estructura.

En tanto, Olivia Bisa, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra, afectado el pasado 10 de setiembre por un derrame de petróleo, consideró el mensaje del presidente de la PCM de que las comunidades indígenas cortan el oleoducto como una falta de respeto y señaló que quienes salen beneficiados con las fugas de petróleo son las empresas de remediación o de limpieza, como las que contrata el propio Petroperú cuando suceden estos atentados ambientales.

Precisó que en ningún momento han contratado a miembros de su pueblo para responder por la tubería, por ello no tienen motivos para caminar por los tantos kilómetros del oleoducto. Indicó, a su vez, que la semana pasada en una reunión el presidente de Petroperú, Humberto Campodónico dijo que el derrame en el kilómetro 177+670 del Ramal Norte, en territorio Chapra (Loreto), se produjo por corrosión del ducto.

Consultada para esta nota, el área de prensa de la compañía estatal petrolera confirmó que el derrame denunciado por la nación Chapra no fue por corte, pero que Campodónico solo había repetido lo dicho por una dirigente.

“Más exacto sería decir que la causa deberá investigarse por el Osinergmin, cuando las circunstancias lo permitan, porque desde 2018 a la fecha Petroperú no ha logrado continuar con la ejecución de los servicios de patrullaje, desbroce y reforzamiento programado a este sector por impedimento expreso de una de las comunidades de la zona”, comunicaron desde Petroperú.

Conclusión

Los tres informes consultados por PerúCheck coinciden en que si bien en el caso del oleoducto norperuano, operado por Petroperú desde hace décadas, los derrames de petróleo que vertieron mayor cantidad de este elemento fueron causados por cortes intencionales de terceros en el ducto; no se encontraron indicios razonables que permitan establecer vínculos y responsabilidades en las comunidades nativas. Por tanto, el mensaje en el que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, responsabiliza a miembros de algunos pueblos indígenas es impreciso.